En esta misma revista incluimos la noticia del centenariop de Doña Elisa.
También aportábamos sus respuestas aun cuestionario que habían elaborado los alumnos y en la que recordama como a marga una denuncia de la que fue objeto.
A continuación se aclara en qué consistió la misma, para general conocimiento.
La rebelión armada del 18 de julio de 1.936 supuso para la educación, en general, y para el magisterio, particularmente, un tremendo mazazo. Significó el retroceso en la formación de las sucesivas generaciones de españoles. Además instauró un régimen de terror entre los docentes, al someterlos a un cruel y perverso proceso de depuración política, que debía determinara las adhesiones al nuevo “régimen” o, por el contrario, identificar a los maestros, “desafectos” al mismo, para aplicar sobre ellos ensañadas sanciones. Cerca de 1.200 maestros de la provincia de Cáceres, según la documentación obrante en el Archivo General de la Administración, padecieron el proceso, en el que presunción de culpabilidad era el principio rector en la tramitación de los expedientes.
También aportábamos sus respuestas aun cuestionario que habían elaborado los alumnos y en la que recordama como a marga una denuncia de la que fue objeto.
A continuación se aclara en qué consistió la misma, para general conocimiento.
La rebelión armada del 18 de julio de 1.936 supuso para la educación, en general, y para el magisterio, particularmente, un tremendo mazazo. Significó el retroceso en la formación de las sucesivas generaciones de españoles. Además instauró un régimen de terror entre los docentes, al someterlos a un cruel y perverso proceso de depuración política, que debía determinara las adhesiones al nuevo “régimen” o, por el contrario, identificar a los maestros, “desafectos” al mismo, para aplicar sobre ellos ensañadas sanciones. Cerca de 1.200 maestros de la provincia de Cáceres, según la documentación obrante en el Archivo General de la Administración, padecieron el proceso, en el que presunción de culpabilidad era el principio rector en la tramitación de los expedientes.
La Junta de Defensa Nacional emitió un Decreto[2] el día 19 de agosto de 1.936, con instrucciones que orientaban el procedimiento. El día 26 de agosto, el Inspector Jefe de la provincia, concretó para los alcaldes y maestros, Instrucciones[3] en las que se establecía la necesidad de demostrar en las zonas ocupadas, la normalidad en el funcionamiento de la escuela, “que ha de contribuir a la españolización de las juventudes, orientada en los últimos años en sentido inverso”.
Se otorgaban plenos poderes a los alcaldes, para que vigilaran que la enseñanza era la adecuada e informar “las debilidades y orientaciones opuestas” de los maestros y si sus conductas habían “perturbado las conciencias infantiles”, en cuyo caso, los Rectores ordenarían con toda urgencia su sustitución.
Por su parte, el Gobernador Civil de Cáceres, mediante Circular[4] de 1 de septiembre de 1.936, establecía: “la Guardia Civil, procederá a averiguar y formar relación de los maestros nacionales clasificados por ideas socialistas, comunistas y francamente izquierdistas, a fin de ordenar su destitución”.
Un Decreto de 8 de noviembre de 1.936, creaba las Comisiones Depuradoras del Magisterio, que solicitaban informes de los maestros a las “personas de orden” de la localidad: Guardia Civil, Alcalde, Juez, Cura, Jefe de Falange, cabezas de familia de acreditada moralidad… La Orden de 7 de diciembre de 1.936, señalaba las sanciones a aplicar, que iban desde el traslado forzoso, a la separación definitiva del servicio.
Como colofón, el gobierno rebelde aprobó una Ley el 10 de febrero de 1.939, cuya Disposición Adicional Segunda establecía: “La depuración del personal docente que depende del Ministerio de Educación nacional y se efectuará con arreglo a normas especiales”.
Partiendo de estas consideraciones previas, trataré de arrojar un poco de luz sobre la depuración del magisterio en Torrecillas de la Tiesa y, especialmente, me centraré en el caso de Doña Juliana Elisa Redondo Vallejo.
Comenzaremos fijándonos en las personas que ejercieron la tarea de informantes, para ubicarnos adecuadamente en las fuentes de que las que se nutría la administración, para conocer sobre el magisterio. Sus informaciones, según se desprende del análisis de los expedientes, están cargadas de subjetividad, por cuanto sobre la maestra aparecen informaciones radicalmente opuestas entre unos informantes y otros. Informaron en su caso:
El Alcalde, Francisco Mariscal, quien lo hizo en términos elogiosos y positivos.
El Cura, Victoriano Arnés Fuentes, quien informó que Doña Elisa enseñaba regular y se había cantado la internacional y saludado con el puño en alto, en la puerta de la escuela.
El Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Trujillo, José Novoa Oropesa, se pronunció en términos neutros y administrativos.
El Jefe local de Falange, Juan Mariscal, quien se ensañó con ella e hizo detonar su denuncia, en estos términos, contradictorios en sí mismos: “Se ha significado como azañista, sin hacer ostentación en público”.
Con esa información, Antonio Silva, tan laureado en Cáceres, donde aún mantiene nombrada una calle, firmó el pliego de acusaciones, basándose en el informe del cura y del jefe de Falange.
Fueron dos los cargos: ostentar de ideas izquierdistas admirando a Azaña y tolerar que se cantase la internacional. Por ello la condenaban a tres meses sin empleo ni sueldo (una de las sanciones más leves que he visto en los expedientes).
Elisa Redondo, que estas fechas de junio de 1.937 tenía 26 años, alegó largamente en su defensa, con cuatro contundentes argumentos y aportó varios documentos acreditativos de su conducta:
Uno del cura que había informado mal de ella y que ahora se desdecía, aunque sin reconocer su información inicial. Otro del presbítero del Seminario de Plasencia, Nicomedes Gil Toro. Un tercero del Interventor de fondos del Ayuntamiento de Trujillo, Antonio Basanta Santacruz que, además era jefe de Falange. También informaba Don Ignacio Lorenzo Laguarta, médico de la localidad. El cura de Aldea de Trujillo (hoy del Obispo), Emiliano Díaz. Todos ellos informaron sobre la maestra en elogiosos términos y contradiciendo taxativamente las acusaciones que sobre ella había recaído.
Pero lo que es más importante en este caso. Aportaba en papel timbrado las firmas de apoyo de decenas y decenas de torrecillanos y torrecillanas, quienes, además de contradecir las acusaciones, manifestaban la “satisfacción que nos produce su labor cultural y educativa”.
Todo un pueblo contra dos informantes anónimos que, valiéndose de falsedades y oscuros intereses, acusaron injustamente a la maestra.
Los informes y, sobre todo las firmas de apoyo, hicieron que se levantara la sanción a Doña Elisa, aunque permaneció la inhabilitación para ocupar puestos directivos y de confianza, de por vida. ¿Quizás fue esta la intención del cura y el jefe de Falange?
De justicia es poner de manifiesto las circunstancias sobre la denuncia que aún hoy, setenta y cinco años después, aún pesan en la memoria de Doña Juliana Elisa Redondo Vallejo, como ha quedado puesto de manifiesto en una de sus respuestas al cuestionario de los alumnos de quinto y sexto de primaria. En tu homenaje, compañera, he tratado de arrojar luz sobre aquellas injustas acusaciones y poner el acento en el apoyo que el pueblo de Torrecillas, tan justamente te brindó.
[1] La información sobre Doña Elisa que se aporta a continuación, ha sido extraída de su expediente de depuración. El documento se ha consultado en el Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares y su referencia es: SIGNAGA 32/12449.
[2] Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC). Legajo sobre Educación. Sin clasificar. Documento de fecha 19 de agosto de 1.936.
[3] AHPC. Legajo sobre Educación. Sin clasificar. Documento de fecha 26 de agosto de 1.936.
[4] AHPC. Legajo sobre Educación. Sin clasificar. Documento de fecha 1 de septiembre de 1.936.
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