La Carta de la Tierra se preocupa especialmente por la transición hacia formas sostenibles de vida y el desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, la integridad ecológica es uno de sus temas principales. Sin embargo, la Carta reconoce que los objetivos de la protección ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico equitativo, el respecto a los derechos humanos, la democracia y la paz son interdependientes e indivisibles. Por consiguiente, el documento ofrece un nuevo marco ético integral inclusivo para guiar la transición hacia un futuro sostenible.
La Carta es el producto de un diálogo intercultural que se llevó a cabo durante toda una década a nivel mundial en torno a diversos objetivos en común y valores compartidos. El proyecto de la Carta de la Tierra comenzó como una iniciativa de las Naciones Unidas, pero se desarrolló y finalizó como una iniciativa de la sociedad civil. En el año 2000, se concluyó el documento y la Comisión de la Carta de la Tierra, una entidad internacional independiente, la dio a conocer públicamente como una carta de los pueblos.
La redacción de la Carta de la Tierra abarcó el proceso más inclusivo y participativo que se haya efectuado jamás en torno a la creación de una declaración internacional. Este proceso es precisamente la fuente de su legitimidad como marco ético rector. La legitimidad del documento se ha fortalecido aún más mediante el respaldo obtenido de más de 4,800 organizaciones, lo que incluye a diversos organismos y gobiernos internacionales.
A la luz de esta legitimidad, una creciente cantidad de juristas internacionales reconoce que la Carta de la Tierra está adquiriendo un estatus de documento de ley blanda. Se considera que este tipo de documentos, tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos, son moralmente vinculantes, aunque no en el plano jurídico, para los gobiernos estatales que aceptan avalarlos y adoptarlos. Por lo general, estos documentos establecen la base para el desarrollo de una ley dura.
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